Ley de Telecomunicaciones: ¿Modernización o amenaza a las libertades digitales en México?

Explora la controversial iniciativa de Ley de Telecomunicaciones en México: soberanía, libertad de expresión y el impacto en plataformas digitales.

Por Mario Victorino

La propuesta de reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México ha capturado la atención del país, desatando un debate sobre su impacto en la regulación digital y las libertades de los ciudadanos. Presentada como una medida para modernizar el sector y fortalecer la soberanía nacional, la iniciativa contempla cambios sustanciales en el marco regulatorio que han generado tanto apoyos como críticas.


Entre los puntos más relevantes se encuentra la propuesta de crear la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que reemplazaría al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Este nuevo organismo tendría amplias facultades, incluyendo la regulación y supervisión de plataformas digitales, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre posibles riesgos de censura y limitaciones a la libertad de expresión.


Además, se prohíbe la transmisión de propaganda de gobiernos extranjeros, salvo en casos culturales o turísticos, una medida dirigida a proteger los intereses nacionales en el contexto de los medios de comunicación. Sin embargo, expertos han señalado que ciertas disposiciones podrían entrar en conflicto con acuerdos internacionales, como el T-MEC.


La iniciativa también incluye la capacidad de bloquear plataformas digitales bajo ciertos criterios, lo que ha encendido alarmas en sectores relacionados con derechos digitales y libertad de expresión. Mientras sus impulsores defienden la reforma como una herramienta para impulsar la transformación digital del país, organizaciones nacionales e internacionales han advertido sobre los riesgos de centralizar el poder regulatorio.


Con la propuesta aún en discusión en el Senado, el país está dividido entre quienes ven en la iniciativa una oportunidad para avanzar hacia una regulación moderna y soberana, y quienes temen que las implicaciones de estas medidas afecten derechos fundamentales y acuerdos internacionales.