Después del voto, ¿qué hacemos con la justicia que elegimos?

Por Sofía González Torres

Por primera vez, la justicia tuvo su cita con las urnas. ¿Y ahora qué?

El pasado 1 de junio vivimos una jornada inédita en la historia democrática de México: elegimos directamente a quienes integrarán el nuevo Poder Judicial. Fue un momento que marcará el rumbo de la justicia en nuestro país, no solo por su carácter histórico, sino porque pone en manos del pueblo lo que antes se decidía a puerta cerrada.

Se votó por juezas y jueces, sí, pero también por una idea: que la justicia debe ser representativa, transparente y cercana. Por primera vez, la mayoría de la Suprema Corte será femenina. Un dato que no es menor si consideramos que la mayoría de los casos que llegan a los tribunales tienen rostro de mujer: violencia de género, pensiones alimenticias, patria potestad. Es decir, justicia con perspectiva de género, no como un discurso, sino como una realidad institucional.

Frente a esta transformación, hubo quienes hicieron campaña… para no votar. Con argumentos alarmistas y sin más propuesta que la abstención, intentaron boicotear una reforma que busca resolver algunos de los males crónicos del Poder Judicial: el nepotismo, los privilegios, la falta de rendición de cuentas. ¿Qué significa llamar a no participar? En el fondo, una especie de “victimización preventiva”: si las cosas no salen como esperaban, ya tienen una narrativa lista. Pero no se puede exigir legitimidad a un proceso del que uno decidió autoexcluirse.

Porque no votar también tiene consecuencias. La próxima vez que usted acuda a un tribunal, lo atenderá una jueza o un juez elegido por un mecanismo en el que pudo participar. Esa es la nueva realidad. Estemos de acuerdo o no con el sistema, todos —sin excepción— estaremos sujetos a las decisiones de quienes resultaron electos. La abstención no exime de acatar la justicia. Solo renuncia a influir en ella.

La elección judicial es un ejercicio inédito y, como tal, debe ser leído con responsabilidad. Es momento de extraer aprendizajes: sobre cómo seleccionamos a las candidatas y candidatos, sobre la coordinación interinstitucional que lo hizo posible, sobre cómo mejorar la convocatoria ciudadana y garantizar que el árbitro electoral mantenga su independencia y solvencia.

Pero sobre todo, es tiempo de mirar hacia adelante. La elección ya pasó, pero la justicia sigue. Ahora el desafío es mayor: vigilar el desempeño de quienes elegimos, exigir que cumplan su función con ética y compromiso, y construir ciudadanía judicial, esa que no termina en las urnas, sino que se ejerce todos los días, desde la defensa de nuestros derechos hasta la exigencia de legalidad en cada rincón del país.

Y también, reconocer que la justicia no empieza ni termina en los tribunales. La transformación de fondo exige fortalecer todo el sistema de justicia: desde fiscalías y ministerios públicos más eficaces y profesionales, hasta la consolidación del sistema oral y el acceso real a la justicia para todas las personas, sin importar su origen, género o condición económica. Urge retomar la agenda pendiente: una justicia que no sea solo reactiva, sino también preventiva; que cumpla con la promesa de reinserción social en los centros penitenciarios; que tenga la capacidad de proteger, investigar y sancionar con eficiencia y sin discriminación.

Porque una justicia justa se construye con instituciones eficaces, con leyes claras, con servidores públicos comprometidos, pero también con ciudadanía activa. Votar fue solo el comienzo. Lo que sigue es más complejo, más profundo y más necesario: lograr que la justicia elegida sea también una justicia vivida.

Porque sí: votar también fue hacer justicia. Y ahora, toca hacer valer ese voto.