¿Quién pone orden en el suelo de conservación?

Por Alejandro Ramos magaña


En México, los Parques Nacionales, reservas forestales, Reservas de la Biósfera y las Áreas Naturales Protegidas (ANP), entre otras zonas de conservación ecológica, supuestamente están protegidas por el Estado, pero en realidad enfrentan problemas graves como resultado del pésimo uso de los recursos naturales. Por eso el país pierde aceleradamente bosques y selvas.

Investigadores del Instituto de Ecología de la UNAM estiman que la deforestación en México supera las 500,000 hectáreas anuales. Lo grave. —me aseguran—, es que ahora la tala es más intensa por la presencia del crimen organizado.

Todas estas áreas naturales (que poseen diversas características como ubicación, superficie, altitud, clima, vegetación, topografía y fauna silvestre), enfrentan la tala clandestina, el poder económico y político, invasiones, cambios de uso de suelo, así como deficientes planes de manejo y falta de recursos y de personal capacitado.

De los 67 parques nacionales que tiene el país, todos enfrentan la pérdida de superficie, por dichos fenómenos, pero los casos más graves se encuentran en los parques: Iztaccíhuatl-Popocatépetl; Cofre de Perote; Pico de Orizaba; Lagunas de Zempoala; Nevado de Toluca; Cumbres del Ajusco; Cumbres de Monterrey; 
Lagunas de Montebello, y Nevado de Colima, entre otros.

UN CASO DE ECOCIDIO A LA VISTA

En la Sierra de Santa Catarina, ubicada entre las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac de la Ciudad de México, desde hace 25 años empezó una invasión hormiga al Área Natural Protegida (ANP).

Por Decreto Presidencial de 1994 se creó esta ANP, con una superficie de 748.55 hectáreas, la cual supuestamente quedaba protegida, pero no ha sido así. Más del 45% de su superficie se encuentra afectada por asentamientos irregulares; por la explotación de canteras y minería de tezontle (materiales para la construcción), y por la falta de conservación cada año se intensifican los incendios forestales (algunos provocados por la gente invasora).

Los operativos de desalojo que ha realizado el gobierno capitalino llevan un sello de desigualdad, pues solo se destruyen viviendas precarias pero no las construcciones grandes de alto poder adquisitivo. 
Además, la falta de la Policía Montada o guardabosques ha convertido a la zona en muy insegura al grado que los delincuentes utilizan la sierra para llevar automóviles robados y desmantelarlos totalmente.

La deforestación en la sierra provoca una acelerada pérdida de flora y fauna, y también crea un problema mayor: se va cancelando la recarga del acuífero del Valle de México.

Ante estos escenarios de destrucción ambiental, a los bosques se les debe catalogar como zonas de seguridad nacional por la importancia de su gran valor ambiental y de salud de la población.

El suelo de conservación o áreas protegidas son prioritarias para el bienestar de la población por los servicios ambientales que presta, los cuales son fundamentales para el mantenimiento del ciclo hidrológico de los valles y cuencas.

Desde 2014, los ejidatarios intensificaron las denuncias de invasiones y tala ilegal en la Sierra se Santa Catarina, pero solo algunas fueron respondidas por las autoridades capitalinas con operativos “a modo”; es decir, solo unas cuantas viviendas precarias fueron demolidas.

OTRO CASO DE ECOCIDIO A LA VISTA

Más de 300 ejidatarios del Ejido de San Francisco Tlaltenco, Tláhuac, se levantaron en lucha, desde 2019, cuando 12 grupos armados entraron para empezar una invasión que aún no ha terminado.

El punto más impactado por las invasiones es el Paraje del Arco, conocida como la ciénega y se trata de tierra ejidal cuya actividad es agroindustrial, y no habitacional, y está denominada como suelo de conservación, de acuerdo con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Tláhuac 2008.

En este mismo ejido se encuentran vestigios arqueológicos, los cuales han sido afectados por la construcción de viviendas.

El suelo de conservación ecológica de dicho ejido es de 140 hectáreas, pero por las invasiones se encuentran afectadas severamente 130 hectáreas. Hoy solo se siembra en 40 parcelas de un total de 513.  Y vale precisar que, durante la pandemia de COVID-19, entre 2020-2022, fueron los años donde se intensificó el número de invasiones. El modus operandi de los invasores es amenazar con armas a los ejidatarios para que “venda” o abandonen sus parcelas. 
Las autoridades del gobierno de la CDMX han identificado que los grupos armados pertenecen al Frente Popular Francisco Villa (con vínculos con Morena) y Antorcha Campesina (con nexos con el PRI y Morena). Los ejidatarios denuncian que uno de los promotores de las invasiones es el diputado federal de Morena, Rigoberto Salgado (exjefe delegacional de Tláhuac, 2015-2018).

Durante los dos últimos gobiernos de la CDMX los ejidatarios se han reunido en asambleas con las autoridades, pero hasta ahora los avances suman cero. En cada reunión los funcionarios empiezan de cero y vuelven a prometer acciones de recuperación con el apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército.

En tanto, el ecocidio a mano armada sigue devorando lo que un día fue suelo de conservación ecológica; y por lo visto la delincuencia organizada ganará.

Lamentablemente este tipo de casos se multiplican en el país; y hoy ante los otros impactos del cambio climático vale reiterar que sin árboles no puede haber agua, y los árboles ayudan a regular el clima, disminuyen la contaminación atmosférica por la retención de partículas suspendidas, permiten la conservación de la diversidad biológica y la captura de dióxido de carbono (CO2), el cual genera el calentamiento global.

Mientras este 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, los discursos del sector oficial volverán a presentarnos escenarios de conservación irreales… Todo al tiempo.