Revelan cómo el narco impuso su ley en el municipio de Tequila

Por Mario Victorino

La justicia mexicana ha dado un paso determinante en el caso que vincula al poder político de Jalisco con las estructuras delictivas más peligrosas del país. Tras una extenuante audiencia de más de 12 horas en el Penal del Altiplano, el juez de control Mario Elizondo dictó la vinculación a proceso contra Diego ‘N’, exalcalde de Tequila, Jalisco. La resolución judicial fue especialmente severa, ya que el juzgador decidió reclasificar los delitos de los que se le acusa, elevando la gravedad de las penas potenciales. Bajo este nuevo panorama jurídico, el exfuncionario podría enfrentar una sentencia acumulada de hasta 90 años de prisión.

Junto al exalcalde, también fueron vinculados a proceso dos de sus colaboradores más cercanos durante su administración: Juan Manuel ‘N’, quien se desempeñaba como director de Seguridad Pública, y Juan Gabriel ‘N’, exdirector de Catastro en el municipio. La fiscalía presentó pruebas que sugieren que el aparato municipal fue utilizado para facilitar las operaciones de una célula delictiva en la región, convirtiendo las oficinas gubernamentales en extensiones operativas de la delincuencia organizada.

Una campaña financiada por el Cártel Jalisco Nueva Generación

Uno de los puntos más críticos revelados durante el proceso legal es el presunto financiamiento ilícito que permitió a Diego ‘N’ llegar a la alcaldía. Según las investigaciones presentadas por el Ministerio Público, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no solo habría brindado "protección" durante el proceso electoral, sino que financió activamente la campaña del hoy imputado. Este apoyo económico habría tenido como contraprestación la entrega de la policía municipal al mando del grupo criminal, permitiendo el libre tránsito de narcóticos y la eliminación de rivales en la zona tequilera.

El juez Elizondo enfatizó que la evidencia presentada sugiere una colusión sistemática. No se trató de un incidente aislado, sino de un esquema de gobierno donde el director de Seguridad Pública actuaba bajo las órdenes directas de la organización criminal, mientras que la oficina de Catastro habría sido utilizada para facilitar el despojo de tierras y el lavado de dinero a través de propiedades estratégicas en el municipio.

El impacto en la seguridad de la zona tequilera

La detención y vinculación a proceso de este grupo de exfuncionarios representa un golpe estratégico a la estructura de apoyo institucional del CJNG en Jalisco. Durante la administración de Diego ‘N’, el municipio de Tequila experimentó un repunte en delitos de alto impacto, lo que ahora es interpretado por las autoridades como el resultado directo de la cooptación de las fuerzas del orden local. La reclasificación de los delitos responde a la naturaleza de "delincuencia organizada" y "secuestro agravado", lo que elimina beneficios procesales y asegura que los imputados permanezcan en prisión preventiva justificada durante el resto del proceso.

El caso de Tequila se suma a una lista creciente de municipios donde el crimen organizado ha logrado infiltrar las urnas. La severidad de la posible condena busca enviar un mensaje de cero tolerancia hacia los servidores públicos que utilicen el voto popular para servir a los intereses del narcotráfico. Mientras tanto, las autoridades federales mantienen bajo vigilancia a otros funcionarios de la región que podrían estar implicados en la misma red de financiamiento electoral.