El agua debe ser prioridad

Por Alejandro Ramos Magaña

El abastecimiento de agua potable en México requiere la implementación de alternativas cada vez más costosas y complejas. El país enfrenta serios problemas de infraestructura hidráulica, mala calidad del agua, servicios deficientes, elevados costos operativos de los sistemas de abastecimiento y desalojo de aguas (cuyos altos volúmenes se descargan en cuerpos de agua con tratamiento deficiente o nulo), así como impactos ambientales y serios conflictos sociales e institucionales.

En el marco del Día Mundial del Agua, establecido por la Organización de las Naciones Unidas cada 22 de marzo desde 1993 con el fin de promover la importancia del agua dulce en el planeta, se exige una mayor conciencia social sobre este recurso natural fundamental para la salud y la productividad.  Asimismo, constituye un llamado a los gobiernos y a los sectores económicos de alto poder.

En este contexto, el cambio climático, las sequías extremas, la sobreexplotación de los acuíferos, la destrucción de cuencas hidrológicas, las fugas en las redes de distribución, el tráfico de agua, la contaminación y el uso irracional han provocado una escasez constante de agua.  El crecimiento poblacional continuo incrementa la demanda y el desalojo de aguas.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha reconocido que el 83% del territorio nacional experimenta un servicio de agua anormal. De este porcentaje, un 64% enfrenta los efectos de una severa y prolongada sequía que se ha extendido por siete años consecutivos. Se prevé que 2026 será el cuarto año consecutivo más caluroso registrado a nivel global.

Los expertos han afirmado que, desde 2019 hasta la fecha, se ha alcanzado un récord histórico de sequía, afectando a 26 entidades del país. En particular, en estados como Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche, Tamaulipas, Yucatán, Veracruz y Quintana Roo, que hasta hace dos décadas se caracterizaban por ser altamente lluviosos, las precipitaciones apenas alcanzaron el 50% de su patrón habitual durante este periodo.

La deficiencia de lluvias en la mayor parte del territorio nacional repercute en la recarga de los acuíferos, de los cuales se extrae la mayor parte del agua a través de pozos.  La creciente población en entornos sin una planeación urbana efectiva incrementa la demanda de agua, mientras que se enfrenta al problema de la infraestructura deficiente, la falta de mantenimiento y el mal uso del recurso hídrico.  En las zonas con desabasto crónico de agua, ha proliferado la actividad de las mafias de piperos.  Además de la antigüedad de las unidades, los tanques no reciben la limpieza y desinfección correspondientes, a pesar de la existencia de un marco normativo que lo exige.

Otro problema significativo es la ausencia de nuevas fuentes de abasto, como se observa en el caso del Valle de México.  Asimismo, las cuencas hidrológicas del país se encuentran sobrecargadas por la alta demanda y las malas gestiones del agua, lo que evidencia una grave crisis de gobernabilidad en materia hídrica.

El territorio nacional alberga 653 acuíferos, de los cuales, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 157 se encuentran sobreexplotados. Los casos más críticos se presentan en el Valle de México, donde la extracción de agua subterránea se remonta a mediados del siglo XIX; en la región del Río Bravo, que cuenta con 102 acuíferos, de los cuales 46 están sobreexplotados y ocho presentan aguas salubres; y en la Península de Yucatán, que concentra el mayor volumen de agua subterránea del país, donde dos de sus cuatro acuíferos se ven afectados por la intrusión de aguas marinas y descargas de drenaje.

Hasta el año 2025, la Conagua había identificado más de 7,000 irregularidades en las concesiones de agua en México. Cabe destacar que las autoridades federales han otorgado 580,000 concesiones.  Fue durante esta administración federal, mediante el uso de tecnología satelital, que se descubrió que las concesiones de agua para uso agrícola se están utilizando para fines industriales y habitacionales.  Estas prácticas irregulares se ven favorecidas por la creciente crisis hídrica.

El 12 de marzo de 2025, el gobierno federal anunció la asignación de 122,000 millones de pesos para la ejecución de 17 proyectos hídricos durante este sexenio, con una inversión prioritaria en los estados de México, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Guerrero, Oaxaca y Zacatecas.

Se espera que se impulse una política pública que garantice que los 2,478 municipios del país implementen sistemas de tratamiento de aguas residuales para mitigar la contaminación de los ríos, incluyendo el Grijalva, Coatzacoalcos, Santiago, Sabinal, Atoyac, Tula, Pánuco, Papaloapan y Río Bravo, entre otros.

Asimismo, es crucial la conservación de los bosques, humedales, ríos, lagos y acuíferos.

El desafío hídrico actual exige una acción concreta, más allá de los discursos demagógicos, en el contexto del Día Mundial del Agua.

Es imperativo desarrollar un programa integral que evalúe la condición de los acuíferos someros en todo el país y de las cuencas hidrológicas.  Además, es fundamental que los gobiernos estatales publiquen sus programas maestros de agua potable, no sus planes sexenales, que a menudo carecen de sustento, sino estrategias a largo plazo.  Estos programas maestros deben incluir las inversiones necesarias para varias administraciones, estableciendo metas sustentables y de alta calidad en materia hídrica.