Sheinbaum pierde la oportunidad de una reforma política de fondo

Fin a la gran reforma política de Sheinbaum. Tras el freno del PT en el Senado, el Plan B queda limitado a ahorros administrativos. ¿Qué sigue para la 4T?

Por Mario Victorino

 

Lo que se proyectaba como la columna vertebral legislativa del sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo ha terminado en un ajuste administrativo de alcance limitado. Tras la aprobación en el Senado de un "Plan B" incompleto y despojado de su punto medular —el adelanto de la revocación de mandato—, la posibilidad de una reforma político-electoral profunda se ha desvanecido para la primera mitad de este gobierno.

Tras ocho meses de intensas negociaciones, la creación de una comisión presidencial y el desgaste de una parte considerable de su capital político, la mandataria enfrenta una realidad cruda: la "insurrección" del Partido del Trabajo (PT), su propio aliado, terminó por sepultar las aspiraciones de reconfigurar el sistema democrático mexicano antes de las elecciones de 2027.

 

Un plan "recortado" y de corto alcance

La reforma que finalmente logró pasar la aduana del Senado apenas toca la superficie de lo electoral. Limitada a modificaciones en los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, el texto aprobado se concentra casi exclusivamente en la narrativa de la austeridad:

Ahorros obligatorios: Recortes en presupuestos de estados, municipios y el propio Senado.

Tope salarial: Ajustes en las remuneraciones de los altos funcionarios electorales para que nadie gane más que la presidenta.

Adiós a privilegios: Eliminación de seguros de gastos médicos y pensiones privadas en órganos autónomos.

Sin embargo, los objetivos estructurales que Sheinbaum delineó en el verano de 2025 quedaron fuera. La reducción de recursos públicos a los partidos, la reconfiguración del Poder Legislativo (incluyendo la eliminación de plurinominales) y la ampliación de mecanismos de democracia directa han sido, por ahora, enviadas al archivo muerto.

 

El factor tiempo: El reloj juega en contra

La legislación mexicana establece que las reformas electorales deben estar publicadas y vigentes al menos 90 días antes del inicio del proceso electoral. Con el cierre de este episodio en marzo de 2026, el margen para intentar una nueva reforma aplicable a 2027 es prácticamente nulo.

Expertos señalan que cualquier nuevo intento de reforma de fondo solo podría ocurrir en la segunda mitad del sexenio. No obstante, las posibilidades de que cambios de tal magnitud se apliquen durante la actual administración son escasas, ya que el sistema entraría en la lógica de la sucesión presidencial de 2030, complicando los consensos necesarios.

 

La sombra de los intentos fallidos

Con este desenlace, la denominada Cuarta Transformación suma su cuarto tropiezo en la búsqueda de una reforma política de largo alcance. Tres intentos durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador y uno bajo la gestión de Sheinbaum han chocado con la misma pared: la falta de una mayoría calificada sólida y, en este último caso, la desobediencia de sus propios aliados.

La presidenta Sheinbaum ha intentado minimizar el impacto asegurando que lo importante es la eliminación de las "pensiones doradas" y el ahorro administrativo. Sin embargo, en los pasillos de la política nacional queda claro que la gran transformación del sistema de partidos y autoridades electorales es, por ahora, una asignatura pendiente que difícilmente verá la luz en este periodo gubernamental.