El entramado de firmas falsas que favoreció a empresas bajo la gestión de Mancera

Por Mario Victorino

Un histórico fallo a favor del Estado mexicano en un arbitraje internacional ha sacado a la luz un sofisticado sistema de corrupción dentro de la Secretaría de Movilidad (Semovi) durante la administración de Miguel Ángel Mancera. El litigio, promovido por las empresas Espíritu Santo Holdings y L1bre Holding, no solo fue rechazado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), sino que dejó en evidencia el uso de documentos oficiales falsificados para beneficiar a particulares.

El origen del fraude: Taxímetros y tabletas

El entramado se remonta a 2016 y 2017, cuando el entonces titular de la Semovi, Héctor Serrano, otorgó una concesión a la empresa Servicios Digitales Lusad para la instalación de taxímetros digitales y tabletas en los más de 140 mil taxis de la capital.

Según el memorial de contestación del gobierno de México, funcionarios de la Semovi expidieron documentos con firmas apócrifas para dar una apariencia de legalidad a un proceso que, desde su origen, estaba viciado. Las autoridades federales detectaron que no existen registros ni expedientes que respalden dichas firmas en los archivos oficiales de la Secretaría.

Firmas falsas y exfuncionarios implicados

Uno de los hallazgos más graves señala que se utilizó la firma de Rufino H. León Tovar en documentos fechados en 2016, a pesar de que el funcionario había dejado su cargo en julio de 2015.

La investigación apunta a que este sistema de falsificación benefició directamente a los empresarios Eduardo Z. y Santiago León, quienes enfrentan carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia (FGJ). Los imputados buscaban obtener ganancias millonarias mediante comisiones por viajes, publicidad en las tabletas y el cobro por el uso de WiFi en las unidades, un servicio que, según las pruebas, nunca se instaló plenamente.

Un triunfo legal de 2,100 millones de dólares

El fallo del tribunal del Banco Mundial, emitido el pasado 30 de marzo de 2026, evitó que México pagara una indemnización superior a los 2,100 millones de dólares. El tribunal determinó que el fracaso del proyecto no fue responsabilidad del gobierno, sino de las propias carencias técnicas y operativas de las empresas demandantes, las cuales operaban con una plataforma presuntamente plagiada.

Este laudo permite ahora a las autoridades capitalinas profundizar en las implicaciones políticas y penales contra los funcionarios que permitieron que "alguien falsificara un documento para dar la apariencia de que fue firmado por un secretario de la Ciudad de México", según reza el expediente del caso.