La SRE difunde documentos clave sobre Rubén Rocha y otros nueve políticos

La SRE hizo públicos documentos sobre la solicitud de extradición contra Rubén Rocha Moya y otros nueve políticos señalados por EE.UU.

Por Mario Victorino

 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo públicos este miércoles tres documentos relacionados con las solicitudes de detención provisional con fines de extradición presentadas por el Gobierno de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La publicación ocurre apenas un día después de que se conociera que la propia Cancillería había clasificado por cinco años las notas diplomáticas, correos institucionales, fichas informativas y minutas relacionadas con este expediente, tras una solicitud de acceso a la información.

Aunque esa reserva permanece vigente, la SRE explicó que los documentos difundidos este miércoles son de naturaleza pública y no comprometen las investigaciones ni el procedimiento de extradición.

 

Los tres documentos revelados

La Cancillería dio a conocer:

  • Un oficio de extrañamiento dirigido a la Embajada de Estados Unidos en México.
  • Un documento con las líneas de comunicación oficiales que fijan la postura del Gobierno mexicano.
  • Una ficha informativa con los cargos formulados por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York contra los diez señalados.

La dependencia aclaró que las notas diplomáticas relacionadas con expedientes judiciales internacionales continúan clasificadas debido a que, por su naturaleza, contienen información reservada.

 

El reclamo de México a Estados Unidos

Uno de los documentos más relevantes es el oficio ASJ-22632, fechado el 30 de abril, mediante el cual la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SRE expresó formalmente su inconformidad por la difusión pública de los nombres y cargos contenidos en la solicitud de extradición.

La Cancillería sostuvo que la publicación realizada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York vulneró la confidencialidad previamente solicitada por ambas naciones y podría afectar el debido proceso de las personas reclamadas.

En el documento se señala que la información difundida es "sensible en materia de procuración de justicia" y advierte que hacerla pública antes de que las personas sean detenidas y sometidas al procedimiento correspondiente podría comprometer sus derechos procesales.

Asimismo, la SRE recordó que previamente Estados Unidos había solicitado a México garantizar que cualquier información relacionada con solicitudes de detención provisional o extradición permaneciera bajo estricta confidencialidad.

Por ello, pidió al Departamento de Justicia estadounidense instruir a sus fiscales para respetar dichos compromisos en futuras actuaciones.

 

Los diez políticos señalados

La ficha informativa difundida por la Cancillería confirma que Estados Unidos mantiene solicitudes contra diez personas.

Entre ellas destacan:

  • Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa.
  • Enrique Inzunza Cázarez, senador de la República.
  • Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.

Además de otros funcionarios y exfuncionarios vinculados con administraciones públicas en Sinaloa.

Según la Fiscalía estadounidense, los señalados enfrentan acusaciones por:

  • Conspiración para importar fentanilo.
  • Tráfico de heroína, cocaína y metanfetamina.
  • Delitos relacionados con ametralladoras y artefactos destructivos.

En el caso de Juan Valenzuela Millán, también se incluye una acusación por secuestro con resultado de muerte.

La SRE enfatizó que estas imputaciones corresponden a acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses y no constituyen una sentencia condenatoria, por lo que las personas involucradas mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial firme.

 

La postura del Gobierno de México

En las líneas de comunicación oficiales, también fechadas el 30 de abril, la Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró que todas las solicitudes de extradición fueron remitidas a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis conforme al marco jurídico mexicano.

La dependencia recordó que ninguna orden de captura o procedimiento judicial puede ejecutarse únicamente con base en una solicitud extranjera, ya que el sistema penal acusatorio mexicano exige la existencia de elementos de prueba suficientes para sustentar cualquier acción penal.

Además, la Cancillería reiteró que México mantiene plena cooperación con Estados Unidos en materia de combate al crimen organizado y extradiciones, aunque subrayó que dicha colaboración debe desarrollarse con pleno respeto a la soberanía nacional y sin aceptar interferencias externas.

 

La polémica por la reserva de la información

La difusión de estos documentos ocurre en medio del debate generado por la decisión del Comité de Transparencia de la SRE de reservar durante cinco años las comunicaciones diplomáticas, notas verbales, correos electrónicos institucionales y demás documentos relacionados con el expediente.

La dependencia explicó que esa clasificación continúa vigente porque dichos documentos contienen información protegida por tratados internacionales, procedimientos judiciales y normas de cooperación bilateral.

No obstante, aseguró que los documentos publicados este miércoles son compatibles con las obligaciones de transparencia y permiten conocer la postura oficial del Gobierno mexicano sin poner en riesgo el desarrollo del procedimiento de extradición.